Activistas se oponen a desaparición de Cultura y cambios en la FEM por retroceso en DDHH

Noticias de Chihuahua.-

Diputados que integran la comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, solicitaron a la secretaría técnica de esta comisión iniciar con la redacción del dictamen de la iniciativa por la cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, propuesta por la gobernadora electa Maru Campos Galván.

En la reunión de comisión, activistas y artistas se opusieron a la pretensión del gobierno entrante en desaparecer la Secretaría de la Cultura y los cambios en la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, pues consideraron que estos cambios afectan la progresividad de los derechos humanos.

Pese a estos rechazos, los legisladores señalaron que era necesario comenzar con la redacción del dictamen y aseguraron que las manifestaciones en contra de la iniciativa continuarían en discusión con los actores que se han opuesto hasta el momento.

Secretaría de Cultura solo absorbe el .20% del presupuesto

Dentro de la exposición de motivos para realizar los cambios, la gobernadora electa señala que es necesaria la reingeniería para responder a la crisis financiera del gobierno estatal, sin embargo, la Secretaría de Cultura que se pretende desaparecer, solamente absorbe el .20 por ciento del presupuesto estatal, considerando que en el 2021 se le entregaron 150 millones de pesos para su funcionamiento.

Ángel Estrada, documentalista y representante de artistas que se oponen a esta desaparición, señaló que el presupuesto que actualmente se le otorga a la secretaría es mínimo, considerando que la Unesco recomienda que la cultura debe absorber el 20 por ciento del gasto para el sano desarrollo de la sociedad, por lo que si un .20 por ciento le parece excesivo al gobierno entrante, es porque no han entendido la importancia de la cultura para la sociedad.
El documentalista precisó que si bien hay muchos reclamos a la administración de la Secretaría, no se está defiendo la operación de la misma, sino a la Institución como tal que se generó derivado de una lucha de treinta años.

Arturo Rico Bovio, académico y ex director del Instituto Chihuahuense de la Cultura durante el sexenio de Patricio Martínez, participó en la reunión de comisión del día de ayer y dejó en clara la preocupación de que la Secretaría de Cultura sea desaparecida y pase nuevamente a ser un Instituto a cargo de una secretaría de educación que depende de las decisiones del secretario.

Manifestó que la Secretaría de Educación por la carga educativa que mantiene dentro de sus funciones, no es la ideal para poder atender de manera prioritaria el tema de la cultura y es por esta razón que se debe mantener el carácter de secretaría y que esta tenga capacidad de interlocución y dialogo directo con la persona titular del Poder Ejecutivo, situación que no sucede cuando se trabaja desde un Instituto.

Fiscalía Especializada de la Mujer

Otro de los puntos abordados durante la reunión de ayer fue la modificación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, pues consideraron que el agregado que plantea la gobernadora electa representará un retroceso para lo que hasta este momento se ha logrado como un compromiso para abatir la violencia contra las mujeres.

Ruth Fierro del Movimiento estatal de Mujeres expuso que la obligación del Estado Mexicano es atender el tema concreto de la violencia contra la mujer por razones de género y la creación de la Fiscalía Especializada respondió a esta obligación, por lo que el querer establecer la palabra familia dentro del nombre, desvirtúa o se aparta de los objetivos con los que fueron creadas.

De igual forma solicitaron que las modificaciones para que los Centros de Justicia de las Mujeres pasen a ser parte de la Fiscalía, no se realice, ya que a nivel federal existe una política nacional, la cual se encuentra en el Senado, que tiene como objetivo reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que dichos centros se constituyan como organismos descentralizados de las fiscalías y tengan autonomía técnica y operativa.

“Modificar esto significa un retroceso al avance de las obligaciones del Estado Mexicano en el combate de la violencia contra las mujeres; los derechos humanos deben ser progresivos”, precisó la representante del Movimiento

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