Ha incumplido Estado Mexicano medidas cautelares para Choréachi; este viernes audiencia pública ante CIDH

Noticias de Chihuahua.-El próximo viernes 11 de junio se realizará una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivado del incumplimiento por parte del Estado Mexicano de las medidas cautelares otorgadas por esta comisión a la comunidad de Choréachi, la cual ha sido víctima de violencia tras el despojo de sus tierras.

En la audiencia pública participarán Prudencio Ayala Chaparro, primer gobernador; Ángel Manchado Ramos, segundo gobernador; Prudencio Ramos Ramos, tercer gobernador; Ángela Ayala Ramos, segunda comisiaria de policía; así como representantes de Alianza Sierra Madre y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

La comunidad de Choréachi no cuenta con reconocimiento legal del Estado Mexicano sobre su territorio ancestral, por lo que han emprendido batallas legales, sobre todo desde que en agosto de 1969 el gobierno entregó parte de su territorio a favor de una comunidad de mestizos, junto con un permiso para el aprovechamiento del bosque.

Derivado del litigio ante los tribunales correspondientes, los mestizos están imposibilitados en talar los árboles de al menos 15 mil 200 hectáreas, sin embargo, pese a estas resoluciones judiciales, un grupo de mestizos de la comunidad vinculados al crimen organizado han seguido ilegalmente talando el bosque, invadiendo el territorio y desde el 2013 han generado un clima de violencia en contra de la comunidad rarámuri.

Este clima de violencia se traduce en asechamiento constante, amenazas con arma de fuego, robo de ganado, quema de viviendas, violación de mujeres, homicidios y desplazamiento forzado, lo cual ha sido denunciado ante autoridades internacionales y por lo cual se han emitido una serie de medidas cautelares que no se han cumplido a cabalidad por el Estado Mexicano.

Esta situación será presentada ante la audiencia pública con la finalidad de que se ordene al Estado Mexicano realice una investigación eficaz de los hechos de violencia; que exista presencia de alguna fuerza policíaca que inhiba la violencia constante; y que no existan acciones que contravengan las resoluciones judiciales en el territorio indígena.

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