Plantea Bujanda aplicación de “ley Ingrid” y “ley Abril” en Chihuahua; se impondrían hasta 12 años de prisión vs servidores

Noticias de Chihuahua.-La presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua e incluir disposiciones similares a las llamadas “Ley Ingrid” y “Ley Abril” a fin de sancionar a servidores públicos que incurran en delitos por omisión y acción que se relacionen con violencia feminicida.

Las disposiciones de la llamada “Ley Ingrid” surgieron a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años quien en el 2020 fue asesinada por su pareja sentimental en la Ciudad de México y las fotografías de su cadáver fueron difundidas por diversos medios, derivado de la filtración por parte de servidores públicos.

En este sentido, la diputada Georgina Bujanda solicitó reformar el artículo 288 del Código Penal, a fin de agregar una fracción en la cual se establece que se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa, al servidor público que:

“por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal”.

Si se tratasen de videos o imágenes de cadáveres de mujeres, niñas y adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas para la conducta descrita se incrementarán hasta en una mitad, es decir que pasará de ocho a doce años de prisión como pena máxima.

En cuanto a las disposiciones similares a la llamada “Ley Abril”, estas sancionarán con ocho años de prisión a quien “indebidamente se abstenga de solicitar medidas de protección a favor de la víctima o testigos, cuando la carpeta de investigación se encuentre integrada por delitos que pongan en peligro la vida y la integridad corporal de las personas”.

En este sentido también se reformará el artículo 293 para sancionar a los servidores públicos que indebidamente se abstenga de imponer medidas cautelares en contra del imputado que resulten idóneas para garantizar la protección de la víctima o de los testigos.

Lo anterior derivado del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quien fue privada de la vida brutalmente por su ex pareja el 25 de noviembre 2019, esto luego de que ella presentara una denuncia por violencia y que no se le otorgaran medidas cautelares para su protección.

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