Congreso argentino investiga red de espionaje del gobierno de Macri

Fuertes decisiones judiciales se esperan luego de que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso presentó un informe que condena a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que el magistrado de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, puso a cargo del polémico juez Martín Irurzun con la complacencia de la llamada Mesa Judicial con que el ex presidente derechista, Mauricio Macri, manejó jueces a su antojo, como parte del pacto con los servicios de Inteligencia y los medios masivos de comunicación para la persecución política.

Con testimonios de abogados de perseguidos por la justicia se elaboró el informe sobre el origen y la tarea que cumplió esta oficina, que además estaba dedicada a escuchas e intercepción ilegal. Tres legisladores de la minoría presentaron objeciones a ese dictamen, pero no al informe técnico que revelaba falta de transparencia.

Esto será analizado por los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente, ambos promotores de la investigación. Entre otros hechos graves que menciona el dictamen es que algunos jueces entregaban a periodistas conversaciones grabadas ilegalmente.

La exhaustiva investigación confirmó un andamiaje estatal, durante la gestión de Cambiemos, al servicio de la persecución y espionaje ilegal de referentes políticos, sindicales, sociales, judiciales y periodistas, sostuvo la diputada Blanca Osuna, quien destacó que el esfuerzo bicameral ha tomado “un compromiso inclaudicable porque como país Argentina dijo Nunca Más. Y las conclusiones demuestran una práctica perversa, ilegal y antidemocrática que de manera abierta ejerció Macri y su gobierno en connivencia con sectores de la justicia, y en particular de la Suprema Corte de Justicia”, añadió.

Las irregularidades detectadas son innumerables y están todas registradas en el dictamen, y se les adjudica un grave daño a la democracia y el deterioro de las instituciones . la persecución política y las violaciones constitucionales.

Fuente: La Jornada

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *