‘Es una guerra’: la lucha por el agua estalla en la frontera de México: The New York Times

Noticias de Chihuahua.-El periódico estadounidense publicó hoy un reportaje de lo que ocurre en Chihuahua con el conflicto del agua. A continuación lo reproducimos de manera íntegra.

Armados con palos, piedras y escudos caseros, los agricultores emboscaron a cientos de soldados que custodiaban una presa y tomaron el control de uno de los cuerpos de agua más importantes de la frontera.

El gobierno mexicano estaba enviando agua —su agua— a Texas y los dejaba casi sin nada para sus sedientas cosechas, según los agricultores. Así que tomaron la presa y, por más de un mes, han impedido el flujo de agua hacia Estados Unidos.

“Es una guerra”, dijo Víctor Velderrain, un agricultor que ayudó a liderar la ocupación, “para poder sobrevivir, para poder seguir trabajando, para alimentar a mi familia”.

El enfrentamiento es la culminación de tensiones de larga data en torno al agua entre Estados Unidos y México, que recientemente han estallado en violencia y enfrentado a los agricultores con su propio presidente y la superpotencia mundial al otro lado del río. La negociación del intercambio de agua entre los dos países ha sido complicada desde hace muchos años. Pero el aumento de las temperaturas y las largas sequías han hecho que los ríos compartidos a lo largo de la frontera sean más valiosos que nunca, por lo que ahora hay más en juego para ambas naciones.

La ocupación de la presa es un claro ejemplo de lo lejos que está dispuesta a llegar la gente para defender los medios de vida amenazados por el cambio climático, y del tipo de conflicto que puede ser cada vez más común con un clima cada vez más extremo.

A lo largo de la árida región fronteriza, los derechos de agua se rigen por un tratado firmado décadas atrás que obliga a Estados Unidos y México a compartir los caudales de los ríos Colorado y Bravo. México se ha retrasado en sus obligaciones con Estados Unidos y ahora se enfrenta a un plazo para entregar el agua que se cumple este mes.

Pero este ha sido uno de los años más secos de las últimas tres décadas en Chihuahua, el estado fronterizo mexicano responsable de enviar la mayor parte del agua que debe México. Los agricultores de la zona se han rebelado, preocupados porque la pérdida de más agua les robe la oportunidad de una cosecha saludable el próximo año.

“Estas tensiones, estas tendencias, ya están ahí, y se han agravado mucho por el cambio climático”, dijo Christopher Scott, profesor de política de recursos hídricos en la Universidad de Arizona. “Están luchando por sus vidas, porque sin agua no hay agricultura; sin agricultura no hay comunidades rurales”.

Desde febrero, cuando las fuerzas federales ocuparon por primera vez la presa para asegurar que continuaran las entregas de agua a Estados Unidos, los activistas de Chihuahua han quemado edificios gubernamentales, destruido automóviles y mantenido brevemente como rehenes a un grupo de políticos. Durante semanas, han bloqueado un importante ferrocarril utilizado para transportar productos industriales entre México y Estados Unidos.

Su revuelta ha alarmado a los agricultores y políticos de Texas. Greg Abbott, el gobernador del estado, apeló el mes pasado al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, instándolo a persuadir a México para que entregue el agua antes de la fecha límite de la próxima semana o, de lo contrario, se arriesgará a perjudicar a los agricultores estadounidenses.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha plegado repetidamente a las exigencias de Trump en materia de inmigración, ha prometido que su país cumplirá con sus obligaciones en materia de agua con Estados Unidos, le guste o no al estado de Chihuahua.

Envió cientos de integrantes de la Guardia Nacional para proteger las presas de Chihuahua, y su gobierno congeló temporalmente las cuentas bancarias de la ciudad donde viven muchos de los manifestantes.

Para los agricultores, la postura del gobierno es una traición.

Velderrain, de 42 años, dijo que nunca se vio a sí mismo como el tipo de persona que lideraría a cientos a través de una loma para someter a un grupo de soldados que protegían un alijo de armas automáticas. Pero helo ahí, en un video publicado en Facebook, escoltando a un general mexicano fuera de la presa La Boquilla, el día que lideró la ocupación. La Guardia Nacional, sorprendida y superada en número, rápidamente se rindió. Más tarde ese día, una manifestante fue asesinada a tiros por la Guardia Nacional.

“Siempre nos hemos dedicado a trabajar, nunca nos hemos distinguido por ser manifestantes”, dijo en su rancho mientras pelaba una mazorca de maíz que no estaba lista para la cosecha. “Lo que sucedió en La Boquilla fue algo impresionante para todos nosotros, porque nos quitamos nuestra ropa de agricultores y nos pusimos el uniforme de guerrilleros”.

El gobierno federal argumenta que, al impedir que el agua fluya, los manifestantes también perjudican a sus compatriotas que habitan aguas abajo. Y que, aun realizando la transferencia, los agricultores inconformes seguirían teniendo acceso a por lo menos el 60 por ciento del agua que necesitan para el próximo año.

“La agricultura, como cualquier otra profesión, tiene riesgos”, dijo Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua de México. “Y, pues, es un riesgo que de repente haya años que llueven más y años que llueven menos”.

Con la intensidad de la sequía este año en Chihuahua, México se ha atrasado mucho en el trasvase de agua a Estados Unidos. Ahora tiene que enviar más del 50 por ciento de su pago promedio anual de agua en cuestión de semanas. El gobierno mexicano insiste en que seguirá cumpliendo a pesar de la toma de la presa que abarca el río Conchos, un gran tributario del río Bravo. Pero algunos tejanos tienen sus dudas.

“No va a suceder, a menos que se forme una tormenta y ayude a México, que es con lo que normalmente cuentan”, dijo Sonny Hinojosa, gerente general de un distrito de riego en el condado de Hidalgo, Texas. “Apuestan y esperan que una tormenta o la madre naturaleza los saque de apuros”. Los tejanos también sostienen que, en conjunto, México se beneficia más que ellos del acuerdo de reparto de aguas entre los dos países, firmado en 1944. Abbott, el gobernador del estado, ha señalado que Estados Unidos envía a México alrededor de cuatro veces más agua de la que recibe de su vecino del sur.

El tratado no penaliza a ninguna de las partes por el incumplimiento de las obligaciones, pero, ansioso de evitar el conflicto, México lucha para encontrar una manera de cumplir con sus obligaciones de agua a medida que se acerca la fecha límite. Una de las soluciones más probables es que México entregue parte del agua que tiene en depósitos, que normalmente utilizan más de una docena de ciudades mexicanas. A cambio, México ha pedido a Estados Unidos que le preste agua potable para esas ciudades, si la de México se agota.

Parte del problema, dicen los científicos, es que la necesidad de agua de México ha aumentado desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la década de 1990, a medida que más personas se asentaron en la región seca de la frontera del país y la producción agrícola se disparó para satisfacer a los consumidores estadounidenses.

Francisco Marta, un joven de 23 años que administra los campos de maíz y alfalfa de su padre, sospecha que sus colegas agricultores no tienen las simpatías del presidente mexicano en la disputa por el agua porque, en su mayoría, no pertenecen a su base política de obreros y personas de bajos recursos. Los agricultores viven en el norte, tradicionalmente un bastión de la oposición conservadora contra López Obrador, que postuló a la presidencia con una plataforma izquierdista.

“Él cree que somos ricos y que no nos pasará nada si no trabajamos el año que viene, pero eso no es cierto”, dijo Marta. “Yo mismo emigraré si no tengo dónde trabajar aquí”.

López Obrador ha acusado a los políticos y a los “grandes agricultores” de fomentar los conflictos en Chihuahua, lo que, según dijo en una reciente conferencia de prensa, “no tiene que ver con pequeños agricultores, con pequeños productores”.

Pero Jéssica Silva, de 35 años, la manifestante que fue asesinada el día en que los agricultores tomaron la presa de La Boquilla, no tenía rancho propio, dijeron sus padres. Ella y su esposo, Jaime Torres, rentaban unas nueve hectáreas de nogales y ayudaron a sus padres a cultivar una parcela aún más pequeña.

“Tenía muchos planes”, dijo la madre de Silva, Justina Zamarripa, mientras las lágrimas caían en los pliegues de sus mejillas.

La Guardia Nacional disparó varias veces a Silva por la espalda, a través de la ventana de la camioneta de su esposo. Él resultó herido pero sobrevivió.

“Andaba defendiendo lo que es de nosotros”, dijo su padre, José Luis Silva.

En una foto que sus padres tienen de los dos justo después del ataque, Silva yace en el asiento del copiloto, con el cinturón de seguridad ajustado y un cubrebocas para protegerse del coronavirus.

“Siempre era muy precavida”, dijo su madre.

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